lunes, mayo 30, 2005

LA MATANZA: La verdadera discusión, Universidad Nacional de La Matanza

25.000 alumnos de la Universidad de La Matanza reclaman la escrituración del Predio, pero Pierri les dice NO
En las últimas semanas interesados denunciantes han difundido, a través de algunos medios de comunicación masiva, informaciones falsas, mendaces y maliciosas en torno al representante de la Universidad Nacional de La Matanza, Daniel Eduardo Martínez.
SIN EMBARGO...

Ésta es la verdadera discusión
La comunidad universitaria de la Universidad Nacional de La Matanza vive actualmente momentos graves y angustiantes.
El predio sobre el que se sitúa esta Casa, que fuera adquirido en 1990 con fondos del Estado Nacional en virtud de la Ley Nº 23.884 a la firma Autolatina Argentina S.A., fue donado originariamente a una fundación presidida por el ex diputado Alberto Pierri con el cargo específico de ser utilizado exclusivamente por la Universidad Nacional de La Matanza.
Sin embargo, la Fundación y su presidente se han negado sistemáticamente a escriturar el predio a nombre de la Universidad. Se trata de un derecho legal y un reclamo legítimo. Esta absurda negativa de la Fundación nos ha ocasionado innumerables perjuicios a lo largo de estos años.
Ahora, frente a la firme posición manifestada por la Resolución Nº 18/05 del Honorable Consejo Superior de exigir la escrituración a nombre de la Universidad Nacional de La Matanza. Por este motivo la Universidad es objeto de una campaña difamatoria que intenta cambiar el verdadero eje de la discusión desprestigiando la figura de nuestro rector, el Lic. Daniel Martínez.
A partir del reclamo el rector comenzó a recibir amenazas y denuncias por causas inverosímiles y con denunciantes anónimos. Todas y cada una de las cuales han sido investigadas y varias ya desestimadas.
Entendemos que el predio mencionado, que fuera adquirido por el Estado Nacional para nuestra Universidad, puede tener un alto valor económico e inmobiliario; otros entenderán que tiene un valor político para posicionarse en alguna interna partidaria. Para nosotros tiene un único valor, es la Universidad de nuestra comunidad, es la esperanza de jóvenes que no podrían estudiar si ella no existiera, es la excelencia construida con mucho esfuerzo durante quince años, es el futuro de todos. Más de 20 mil firmas de alumnos y docentes nos animan a seguir la lucha para defender nuestra Universidad, “una Universidad pública por siempre pública”.
Cabe agregar que las medidas adoptadas por el Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Matanza a los fines de lograr la regularización dominial del predio en que se asienta, se muestran en sintonía con reiteradas sugerencias formuladas en ese sentido por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).
Nuestro reclamo es apoyado por: - Los rectores de TODAS las universidades nacionales. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). La Federación Universitaria Argentina (FUA). La Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU). La Federación Nacional de DOCENTES de las Universidades (FEDUN). La Federación Argentina de TRABAJADORES de Universidades Nacionales (FATUN). La Asociación de DOCENTES de la Universidad Nacional de la Matanza (ADUNLaM). La Asociación de TRABAJADORES de la Universidad Nacional de la Matanza (ATUNLaM).

Asimismo...
Con el objeto de procurar reparar el daño ocasionado por la reciente difusión mediática de acusaciones infundadas, a la vez que evitar la futura divulgación de noticias equivocadas de sesgo marcadamente injurioso, se torna indispensable para la comunidad universitaria realizar importantes aclaraciones:
1) Acusación de asociación ilícita y defraudación. Según informaciones difundidas, el rector de la Universidad se encuentra imputado en los delitos de “Asociación ilícita, defraudación al estado agravada y falsificación de instrumento público” ante el Juzgado Federal Nº 2 de Morón. Dicho Juzgado lleva un expediente que se encuentra bajo el secreto de sumario, lo que significa, en otras palabras, que sólo las partes pueden tener acceso a la información, circunstancia que torna llamativo el hecho de que la información se filtrara a medios periodísticos. Cabe destacar que, por los mismos hechos, con fecha 24 de noviembre de 2003, el Procurador General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires había resuelto disponer el archivo de las actuaciones ante la inexistencia de elementos que permitieran otorgar verosimilitud a la denuncia.
HASTA EL PRESENTE NINGUNA IMPUTACIÓN DIRECTA SE HA HECHO SOBRE EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD.
2) Acusación de supuesto “despido” de la profesora María Luisa Jover y a su supuesta disconformidad. Cabe señalar que la mencionada docente fue designada de manera interina por el termino de cuatro meses, de acuerdo al Estatuto Universitario. Por consiguiente resulta equivocado decir que haya sido despedida a fines del 2002, dado que simplemente llegó a su fin el período del nombramiento referido en mayo de ese año. Por otra parte, en referencia a las disconformidades y motivaciones respecto del supuesto despido señaladas en la nota periodística, en una carta de su autoría, la profesora Jover expresa no haber encontrado obstáculo alguno a su actividad docente en la Universidad Nacional de La Matanza, como además haber sido respetuosamente escuchada a la vez que motivada para realizar proyectos importantes para su realización profesional. El dato de que haya cursado la Maestría de Ciencias Sociales en esta Casa de Altos Estudios -culminándolos en mayo de 2004- también ratifica su conformidad.
3) Acusación de haber disminuido los sueldos al personal de maestranza. Se trata de una aseveración interesadamente falsa. Cada uno de los empleados de maestranza ha percibido mensualmente la remuneración correspondiente a sus tareas. En rigor y como consecuencia de una observación efectuada por la Auditoria General de la Nación, tuvo que dejar de liquidarse el pago generalizado de un adicional, como ocurría anteriormente. Pero ello no pudo nunca implicar la afirmada disminución de los sueldos y menos aún por las motivaciones sindicadas. En resumen, el origen ha sido ajeno a la decisión de las autoridades universitarias y el personal percibe la remuneración que le corresponde.
4) Acusaciones vinculadas con el Centro de Estudiantes. A este respecto la única aclaración que cabe realizar es que, conforme con el Artículo 29 Inciso ñ de la Ley de Educación Superior, se les atribuye a las instituciones universitarias la facultad de reconocer oficialmente a las asociaciones de estudiantes y tal reconocimiento les confiere a las mismas personería jurídica. En consecuencia, se trata de una personería jurídica distinta de la Universidad.
Sin perjuicio de lo mencionado, hemos tomado conocimiento de que el entonces presidente del Centro de Estudiantes, Gabriel Esteban Blanco, promovió en tal carácter acción de amparo ante el Juzgado Civil y Comercial Federal Nº 1 de la Capital Federal reclamando los fondos del Centro depositados y atrapados -corralito mediante- en un banco. Hemos tenido ante nuestra vista una copia de dicho recurso de amparo y hemos corroborado que el mismo fue patrocinado por el doctor Carlos Alfredo Luppino, quien casualmente resulta ser a la vez abogado de Leiss y Herrera, a quienes nos referiremos seguidamente.
5) Sobre Gustavo Leiss y Sergio Herrera. Ambos perdieron su condición de alumnos regulares por inasistencia tal como lo acreditan las constancias de los registros respectivos. En ninguna de estas actuaciones ha tenido intervención alguna el rector Martínez. Asimismo, cabe consignar que Leiss y Herrera son conocidos como militantes directivos de una agrupación estudiantil que en varias oportunidades habría realizado peligrosas y violentas manifestaciones políticas.
Por otra parte, cabe agregar que el mencionado Leiss fue beneficiario de becas de estudio otorgadas por el Poder Legislativo, más precisamente por el entonces Presidente de la Cámara de Diputados, el dirigente Alberto Pierri, de acuerdo a disposiciones del Legislativo.
6) En torno a la exoneración de los mencionados Leiss y Herrera. Esta medida fue dispuesta por el Honorable Consejo Superior, luego de la tramitación del correspondiente sumario en el que tuvieron todas las garantías y oportunidades de defensa, sin haber sido la resolución recurrida o impugnada en su momento por los interesados. Por lo expuesto, mal puede iniciarse ahora una acción judicial por esta cuestión, ni podría haber prosperado, ya que no se agotaron siquiera las vías administrativas pertinentes.
7) Acerca de las declaraciones vertidas sobre estos estudiantes por quien en ese momento ocupaba el cargo de Prosecretario Académico. Esta persona hace referencia a una suerte de “tejemaneje”. Es menester recordar que el sumario contra estos dos alumnos fue iniciado por pedido de la propia Secretaría Académica y, más precisamente, por el Prosecretario.
8) Sobre la investigación judicial que se seguiría por la supuesta existencia de Fondos en dólares. Todo ahorro en moneda extranjera se encuentra debidamente declarado en la Declaración Jurada y ante la Oficina Anticorrupción.
9) En referencia a la denuncia de Mirta Garnera (en rigor, se apellidaría Guarnera) ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 12. Nunca reunió la condición de alumna de la Universidad. Ni siquiera fue aspirante a ingresar a la misma.
10) Respecto del supuesto enriquecimiento ilícito. Esta cuestión ya fue tratada y resuelta por el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 4 de Capital Federal, que decretó el sobreseimiento de Daniel Eduardo Martínez, con la expresa mención de que el sumario en nada afecta su buen nombre y honor.
Todo lo precitado conduce a la conclusión de que las informaciones difundidas a través de diversos medios no se corresponden en absoluto con la realidad de los hechos:
la “investigación” declamada, es en verdad una denuncia anónima; el “supuesto denunciante”, que podría haber colaborado con la Justicia a fin de acreditar su imputación, decidió ocultar su identidad y no se presentó jamás. ¿Por temor, para resguardarse?. NO.